PDVSA NO ES DE TODOS

                      Eurídice Ledezma

                                                         

            ¿Cuál es el perfil del jubilado de PDVSA? ¿Es cierto que tiene pensiones milmillonarias o esto es un mito? ¿Cuánto le cuesta cada jubilado a PDVSA? ¿Cuánto ha perdido cada jubilado tras la estafa Illarramendi al Fondo de Pensiones? ¿Queda algo del Fondo de Pensiones? Y más aún: ¿Podrá PDVSA cumplir con sus compromisos en cuanto a pasivos laborales en los próximos años?

¿CUÄNTO CUESTA UN JUBILADO?

         En 2002 Hugo Chávez acusó a los pensionados de PDVSA de percibir pensiones de oligarcas y advirtió que esto tendría que acabar, pues la estatal tenía que jugar un rol clave en la política social de la Revolución Bolivariana. Esta, sin duda, fue una promesa cumplida: hoy en día 85 por ciento del universo de profesionales, técnicos y obreros jubilados de PDVSA recibe la pensión mínima de 2.600 Bs más una suma casi idéntica por concepto de tarjeta electrónica de alimentación. De este ajuste lineal u homologación hacia abajo se han encargado la Junta Directiva de PDVSA, la inflación y otra serie de factores macroeconómicos y de índole sociopolítica.

         Con una edad promedio de 70 años y una alta concentración en Distrito Capital y Zulia, del universo de 25.000 jubilados, 21.250 perciben pensión mínima. Si a la pensión y la TEA le sumáramos un monto promedio aproximado por los medicamentos para atender los “cronicismos” -digamos que otros 2.600 bolívares mensuales- eso sumaría 8 mil Bs mensuales. Podemos, entonces,  iniciar una serie de estimaciones -un tanto aventuradas, por supuesto- que nos llevarían a concluir que cada uno de esos jubilados le cuesta a PDVSA -excluyendo el HCM- menos de 100 mil bolívares por año: 96 mil bolívares, para ser más precisos. Y si seguimos infiriendo, nos atrevemos a seguir empujando las cifras y transformamos ese monto al cambio del dólar no oficial -imaginemos 29 Bs- resultaría que PDVSA paga por cada jubilado un aproximado de 3.310 dólares al año. Si multiplicamos esa cifra por los 21 mil 250 jubilados estaríamos hablando de un monto total de 70.337.500 dólares anuales. Eso sin incluir el 15 por ciento que está por encima de la pensión mínima. Por supuesto, todas estas son estimaciones un tanto caprichosas sin la data dura de PDVSA. Tal vez, incluso, un ejercicio mental estéril. Pero valdría la pena conocer ese dato. ¿No?

EL BASTONAZO

         A las 9 de la mañana del 29 de mayo de 2013 hay una pancarta solitaria recostada contra un árbol, tres señoras y un hombre de mirada aguerrida y piel tostada que sostiene, descuidadamente, un megáfono. La primera impresión hace pensar que la convocatoria a una protesta de jubilados denominada El Bastonazo ha sido un fracaso. Pero no es así. El hombre de mirada intensa -que resulta ser líder de la FUTEPV- asegura que cerca de 100 jubilados han ingresado al edificio y se encuentran en la Oficina de Atención al Jubilado o en Recursos Humanos. Mediante un pequeño ardid que implica ser la esposa de Pedro Vegas, un señor muy distinguido y alto que ha accedido a servirme de salvoconducto, mi cámara fotográfica y yo ingresamos a la sede principal de PDVSA en La Campiña.

         Adentro se encuentra ya Alvaro Malavé, un señor bajito y robusto vestido de negro que apoya su pesada -pero hedonista- cadencia en un bastón de madera labrada que uno de sus hijos le ha traido de Dubai. Malavé era subalterno de Vegas en el Departamento de Recursos Humanos y la dinámica entre ambos parece no haber cambiado con el proceso de jubilación y los años que los separan de su condición de empleados activos de PDVSA. No logro evitar pensar que estoy flanqueada por una suerte de Don Quijote y Sancho Panza del Caribe que, muy amablemente, intentan garantizar que mi objetivo de presenciar la protesta desde adentro llegue a feliz término sin percances. Sin embargo, es también inevitable percibir que Vegas y Malavé son extranjeros, casi desterrados, de la nueva PDVSA. Esa que “es de todos”. Caminan desorientados y con cierto temor de hacer preguntas. Parecieran desear ser invisibles -quizás por mi causa- sin tener plena conciencia de que ya lo son.

         En uno de los ires y venires por los pasillos observamos a la izquierda, tras un ventanal de cristal, una larga fila de gente degustando un apetitoso buffet. Al fondo hemos dejado un “operativo” de créditos para la adquisición de vehículos auspiciado por el Banco de Venezuela y hemos esquivado un pequeño grupo de niños de unos 6 ó 7 años que siguen a su maestra con sus sonrisas frescas. Un poco más allá, también a la izquierda, observamos un artesanal monumento que parece ser el recordatorio de la Cruz de Mayo. Al acercarnos nos percatamos, sin mucho asombro, que es una suerte de ofrenda floral con cruz y objetos diversos al difunto Presidente Hugo Chávez.  No sé si es Don Quijote o Sancho, pero alguno de los dos hace una mueca de rechazo y dice: “para esto fue lo que quedó PDVSA”.

         Subimos a la Oficina de Atención al Jubilado. Nadie. Vamos a Recursos Humanos. No saben nada. Volvemos a la Planta Baja. Vegas se decide valientemente a enfrentar los molinos y pregunta. Ha escuchado a uno de los vigilantes hacer un comentario. Los jubilados están en el Auditorio Simón Bolívar. Subimos por las escaleras. Malavé hace un enorme esfuerzo por seguir el apurado ritmo de Vegas y, resoplando, sube mezzanina y piso uno para recordar que tiene prótesis en ambas rodillas. Un muchacho muy joven hace las veces de seguridad y guía de sala. Finalmente, entramos. Son, ciertamente cerca de 100 ó 120 personas sentadas en un auditorio muy mal iluminado. Al traste se va mi idea de retratarlos. Los tres nos sentamos al fondo. En la tarima alguien enumera una serie de quejas. Son señores mayores, casi 60 de ellos han venido de la Costa Oriental del Lago, de Cabimas. Se los reconoce porque casi todos tienen la piel tostada por el sol y pesadas bolsas marrón oscuro en las que llevan harina pan y azúcar. “En Zulia no se consigue aceite, ni harina pan, ni pasta dental”. También asisten los Comités de Damas de varias seccionales del interior y otro grupo de Carabobo, la región andina y el Tigre.

         La protesta fue autogestionada. El gerente de la Seccional de Cabimas, José Mogollón y el Director regional, Henry Morales organizaron a sus representados. Martín Marcano, mirada ámbar y manos recias, me cuenta que cada uno pagó 100 Bs para venirse en un autobús expreso desde Cabimas. Él también tiene una bolsa en la que lleva harina y azúcar. Ha venido con sus compañeros, pues luego de 7 años de haber salido de la estatal todavía se le adeudan 4 vacaciones vencidas. Me asegura que casi todos sus compañeros de viaje y de protesta están en la misma situación aunque, días más tarde, cuando conversamos vía telefónica me asegura que la atención de la clínica de PDVSA en Zulia es muy buena “no me puedo quejar de PDVSA. Sería un ingrato si me quejara”.

         Marcano era capitán de lancha. Trabajó 28 años en la industria petrolera a la cual ingresó por el impulso de su padre, Martín Marcano Ríos, -Capitán de puertos-, que le sacó los papeles de marino cuando tenía 21 ó 22 años. Su padre llegó a Zulia desde Margarita con la primera oleada de marinos: “ellos fueron los que pararon esto aqui”. Percibe la pensión mínima, 2.600 Bs. ¿Y le alcanza? “Bueno, hay veces que hay que estirarla”. A la pregunta de si ha tenido miedo de participar en la protesta o si ha recibido amenazas responde: “Hacemos la protesta sin abusar ni nada. Pacífica. Tranquilo y con buen corazón y cariño nos atendieron”.

         Dentro del Auditorio Simón Bolívar no hay periodistas. Como ya es habitual y sin una Ley de Acceso a la Información Pública, los reporteros de la fuente han debido conformarse con cubrir la noticia desde afuera. Cuando ellos llegan, algunos de los jubilados, -cansados del viaje o en plan de socializar-, se muestran remolones y se resisten a bajar. Desciende un pequeño grupo que es el que finalmente sale en las fotos de los medios nacionales. Son más. Son más en la protesta. Son muchos más en total a nivel nacional. Todos afectados por la misma problemática.

PROHIBIDAS LAS EMERGENCIAS

         PDVSA ha contratado pólizas de seguro que cubren la obviamente insuficiente cifra de 250 Bs anual por trabajos odontológicos. Hace alrededor  de 7 años redujo la cobertura anual de cada jubilado de 114 mil Bs a 57 mil, los cuales, en gran parte, son absorbidos por la atención de los “cronicismos”. Masrua, Presidente encargado de AJIP, sin embargo, asegura que “al César lo que es del César. Hasta ahora PDVSA siempre ha respondido en cada caso que se ha excedido el límite en la cobertura de un jubilado”.

         Pero la tensión que genera la discrecionalidad no es poca. Derechos y reivindicaciones laborales que tendrían que estar garantizados reposan sobre la buena voluntad del trabajador activo que atienda cada caso. El azar puede hacer trampa. Hay casos, por ejemplo, en los cuales la atención de emergencias médicas toma de sorpresa a los hijos que, al ingresar a las clínicas, se encuentran con la exigencia de una carta aval para que el seguro de PDVSA sea aceptado. La definición misma de emergencia niega la posibilidad de contar con una carta aval que, regularmente, se demora entre una semana y quince días en ser emitida. Si hay suerte -y recursos- los hijos pagan la factura y esperan por el reembolso para encontrarse con que sólo se les aprueba 75 por ciento del monto, pues no esperaron la clave, no solicitaron la carta aval. Discrecionalidad. Azar.

         Al disgusto, sorpresa y vergüenza que genera la respuesta: “No aceptamos seguro de PDVSA porque no nos ha pagado” se suma la angustia de la inflación que devora los 2700 Bs mensuales aportados a través de la tarjeta electrónica de alimentación. Con una canasta básica que ya en abril se ubicaba en 9.883 Bs ese monto desaparece velozmente en los primeros quince días del mes. Especialmente, si el jubilado debe adquirir medicinas para el tratamiento de sus cronicismos en virtud de los retrasos que vienen presentando las farmacias proveedoras de PDVSA.

         Apenas el pasado 18 de febrero de 2013 Luis Borges, Director de la Junta Directiva de la Región Capital, firmaba una misiva dirigida a Waldo Ravello de la Gerencia de Salud de PDVSA. En ella señalaba que, desde octubre de 2012 hasta esa fecha, la Fundación Sana Salud, -una de las principales proveedoras de medicamentos para la atención de “cronicismos”-, no estaba suministrando los mismos. Ello implicaba que cada jubilado con hipertensión o afecciones cardíacas, por ejemplo, debía comprar sus medicinas para luego solicitar el reembolso. Esto no es ya ni inusual ni extraño.

         Ciertamente, el jubilado promedio de la industria petrolera vive con algunas garantías más que el de otros sectores, pero es fácil detectar una sozobra, un susto, un exceso de adrenalina cada vez que a un jubilado se le habla de la situación financiera de la empresa que ayudó a construir casi desde cero. El temor al incumplimiento de pago de las pensiones es un fantasma casi tangible. La situación financiera de PDVSA es objeto de preocupación para muchos.

PDVSA EN ROJO

         En 1998 PDVSA aseguraba que la producción petrolera nacional era de   3.329.000 barriles diarios y los estados financieros presentados por Espiñeira Sheldon y Asociados reflejaban una deuda total de 7 mil millones (7. 102.000.000) de dólares con un precio promedio del barril de 10,57 dólares. Al cierre de 2012 y según la auditoría realizada por la firma KPMG la deuda financiera de la estatal es de 40 mil millones (40.026.000.000) de dólares -sin considerar cuentas por pagar a proveedores, ISLR, beneficios a empleados activos y jubilados ni los posibles pagos por arbitrajes internacionales, entre otros- y con un precio promedio del barril de petróleo que los expertos sitúan entre 102 y 104 dólares.

         Las cifras dan vértigo. Simplifiquemos. La deuda financiera consolidada de PDVSA creció 563 por ciento entre 1998 y 2012 y no muestra señales de detener esa tendencia. Al contrario, las cifras estimadas al cierre del primer cuatrimestre la ratifican. Por cierto, dos detalles: el primero, del total de la deuda sólo está justificado 6,2 por ciento. Entiéndase: 93,8 por ciento no se sabe a qué se dedica. El segundo, apenas ayer, PDVSA se endeudó con el gobierno chino por 4.015 millones de dólares a cuenta del acuerdo con Sinovensa.  

         En ese contexto financiero, es fácil darle veracidad a la tesis de que el Fondo de Pensiones de los jubilados de PDVSA se está utilizando como caja chica. Y decimos se está utilizando porque de acuerdo a la estimación del Presidente encargado de AJIP, Felipe Masrua, Francisco Illarramendi “sólo” habría malversado cerca de 600 millones de dólares de un total de 2 mil millones de dólares que sería la cifra real de lo que tendría este fondo. La pregunta obvia allí es: ¿existe todavía ese capital? ¿dónde está ese dinero? ¿existe la posibilidad real de que los jubilados accedan a los intereses que les corresponden y que PDVSA no paga desde hace más de 7 años?

         AJIP no interviene en la gestión de su propio dinero desde la misma creación del Fondo que tuvo lugar en 1993. Cuando los propios representantes del sector optaron por dejar en manos de la Dirección de Finanzas de PDVSA la labor de invertir y multiplicar el dinero aportado por los empleados en situación de retiro. La decisión obedeció a que confiaban en la estatal y sus procedimientos, en una gestión transparente. A la luz de los acontecimientos, esa percepción ha cambiado drásticamente y AJIP y sus afiliados, alrededor de 14 mil de un universo de 25 mil jubilados, han planteado la necesidad de obtener más control y supervisión de unos fondos de los cuales son, por estatutos, los legítimos y únicos beneficiarios.

¿QUEDA ALGO?

         Masroua atribuye la desmejora de los beneficios a “un mal diseño del plan de jubilación. Se han hecho ajustes lineales. Sin considerar el sueldo base que devengaba el ex-trabajador cuando era activo. Ha intervenido la inflación...” La Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, AJIP, fue creada hace 38 años y tiene alrededor de 14 mil asociados, -cerca de 60 por ciento del universo total ya que la afiliación es opcional-. Cuenta con una Oficina Central Directiva en Caracas y 8 oficinas regionales cada una con sus seccionales. En total 33 oficinas a nivel nacional. Aún así, carta tras carta, solicitud tras solicitud, llamada tras llamada, Victor Aular, actual Director de Finanzas de PDVSA, ignora con eficiencia su existencia y demandas. Masroua no es un hombre débil. Al contrario, parece un vaquero de manos enormes y voz potente, realista al punto del escepticismo, pero dispuesto a dar la batalla de la manera más eficiente que conoce: negociando, presionando, argumentando. El problema parece ser la falta de interlocución.  

        

         Cuenta que antes -antes- la propia asociación entregó el control del Fondo de Pensiones a PDVSA con la confianza de que había transparencia en el manejo de ese capital. Cuenta que se hacían inversiones en Venezuela y en el extranjero. Y que la banca nacional hacía préstamos overnight. Eran sólo “papeles” y algunos inmuebles. Se rendían cuentas anualmente. Cuenta que una vez la Caja de Ahorros de Maraven ganó 120 por ciento y eso ocasionó sanciones a la directiva. Habían hecho inversiones riesgosas. Cuenta que el Fondo de Pensiones es dueño del antiguo edificio de la Embajada Americana en la Floresta. Que allí funcionan como 5 empresas y no pagan alquiler. Le pidieron a PDVSA que se los entregara,  pues ese edificio es de los jubilados y ellos lo quieren administrar. No han contestado. 

         -Pero eso son minucias comparado con el capital del fondo. El Fondo de Pensiones es un monstruo tiene más dinero que cualquier banco en este país.

         -¿Ustedes están tratando ahorita de recuperar el control del Fondo?

         -De recuperarlo, no, porque nunca lo hemos tenido.

         -¿De tenerlo entonces? Están negociando eso.

         -Jamás en la vida. ¿Cómo manejamos nosotros ese monstruo? ¿Sabes cuánto dinero tiene el Fondo de Pensiones? Oyeme la cifra: en dólares 2 mil millones de dólares y en bolívares 2 billones.

         -¿Aún después de la estafa de Illarramendi?

         -La estafa de Illarramendi tumbó 600 millones de dólares. Bueno, eso no es tan cierto. De los 600 millones 400 eran nuestros y 200 de los activos.

         -PDVSA nunca se involucró en la demanda a pesar de la oferta de Ramírez, ¿no?

         -Es que no puede involucrarse porque no es parte. PDVSA se buscó al bandido de Illarramendi. Hay un juicio penal y un juicio civil.

         -Pero Ramírez ofreció...

         -Cuento de camino. Ellos contrataron un bufete de abogados allá en Connecticut para que le haga seguimiento al juicio. Para que vaya todos los días al tribunal y lea el expediente.

         -¿Más nada?

         -Más nada.

         -¿Ningún otro objetivo?

         -No, no. “Manténme informado. Yo te contrato para que me mantengas informado”.

         -¿Qué pasará cuando le dicten sentencia a Illarramendi y los demás involucrados? ¿Qué pasa con el dinero?

         -Son dos cosas diferentes. Hay un juicio penal y hay un juicio civil. El “receiver” -lo que aquí en Venezuela llamamos el síndico de la quiebra- le pidió al juez que le diera pròrrogas y el juicio ha estado paralizado. Pero creo que ya el juez se cansó y dijo que, de lo que se consiga, se indemnizará primero a los nacionales de Estados Unidos y después a los extranjeros.

         -Pero la demanda señala que la mayor parte de los fondos malversados eran de ciudadanos off-shore, no de ciudadanos norteamericanos. ¿Cuántos ciudadanos norteamericanos habría?

         -No tengo ni idea. Pero tampoco lo veas por ciudadano sino por capitales. Porque a lo mejor tú eres uno pero te deben 100 millones.

-        ¿Y es una expectativa realista esperar recuperar algo de este monto?

-        Creo que si. He visto que se encontró dinero. Y Ramírez en alguna oportunidad dijo que si no lo pagan PDVSA asumiría. Pero...¿Qué van a pagar si se están endeudando con todo el mundo? ¿Qué van a preocuparse de los jubilados y sus 400 millones?

-        ¿Y los otros reales?

-        ¿Ah?

-        Los otros. Porque estamos hablando de 2 mil millones de dólares.

-        Bueno, los otros se supone que están colocados.

-        ¿Por parte de PDVSA?

-        Del Fondo de Pensiones.

-        ¿Pero tienen certeza de eso? De que están colocados. ¿Saben dónde están? ¿Tienen informes?

-        Ellos se supone que tienen que rendirnos cuentas todos los años. A través de los estados financieros auditados.

-        Y eso no está sucediendo.

-        ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que nos rindieron cuentas?

-        No.

-        El año 2002.

¿CUÄNTO HA PERDIDO CADA JUBILADO?

         Intentar determinar cuánto ha perdido cada jubilado en los últimos 7 u 8 años implicaría casi bucear en las finanzas de PDVSA. El propio Masrua no se anima a hacer un cálculo. Señala que el monto es individual. De acuerdo al sueldo que se devengaba al salir de la estatal.

          Pero cuando, José Fuentes de la Seccional Cabimas, menciona desde la tarima el tema del Fondo de Pensiones y a los culpables del desfalco se escuchan voces de todas partes del Auditorio Simón Bolívar:¡Illarramendi... Eudo Mario Carruyo!... Nadie se atreve a mencionar otros nombres. Todos están empapados en el caso: la estafa de la cual han sido objeto y por la cual nadie parece responder. Illarramendi se ha declarado culpable de fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para obstruir a la Justicia ante el Juez que conoce la demanda interpuesta por la Comisión de Valores de Connecticut en enero de 2011. Dos años después, el estratégico cambio de abogados y los diferimientos en las audiencias, han retardado la sentencia pero se esperan resultados. Hay 25 mil almas esperando resultados. Y compensación.